Un chumbo en el cajón

#LegítimaDefensa

La Reforma de la Justicia con que soñó Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, desde que dejó la función pública en la Argentina, allá por julio de 2004, se hizo oficial días atrás. Aquella vez, solo tres meses había durado la gesta. Acaso este proyecto de la gestión albertista no sea tan fugaz.

 

El rechazo de un minúsculo sector, el más recalcitrante de nuestra sociedad, combina denuncias que minimizan el COVID-19 con manipulaciones de Bill Gates, 5G mediante, pasando por el terraplanismo y conspiraciones de masonería -en ese orden, por favor-. Pero el rechazo presenta los síntomas de un origen común: la búsqueda de impunidad con que el Presidente pretendería beneficiar a un grupo de ex funcionarios kirchneristas, entre quienes se destaca la figura de la mujer que lo ungió como candidato, hoy devenida vicepresidenta. “Impunidad”, “puerta giratoria”, son chaski-bum que el sector mediático hegemónico tiene siempre a mano, lejos de la dolorosa realidad que dan cuenta organismos como el CELS: ocho de cada diez detenidos, en el marco de nuestro sistema penitenciario, no tienen condena firme: un 80% que, cuanto menos, ha sido juzgado indebidamente. Esto no quiere decir que no hayan delinquido. Quiere decir que hay algo que no está funcionando bien.

 

Está claro que nuestra Justicia tarda: no por nada su pésima ponderación en cada estudio de opinión pública que se revise. No ahondaremos en eso, ni en los pormenores de la reforma judicial presentada, ni en su analogía con el 2004, sino en algo mucho más concreto y monstruoso: la “legítima defensa”, a menudo mal asociada con la famosa justicia por mano propia[1]. Defenderse de un ataque no es lo mismo que infligir castigo a un agresor amparándose en las demoras que pueda tener la Justicia. No se trata de un linchamiento. Es bueno hablar de “legítima defensa”, así, con comillas, porque cada vez que acontece suele suscitar debate, sobre todo cuando se llega al extremo del homicidio. La figura inscripta en el art. 34 inc. 6 y 7 de nuestro Código Penal no borra el delito, sino que, bajo determinadas circunstancias, convierte la conducta penalmente típica en permitida.

 

La defensa de Jorge Adolfo Ríos, el herrero jubilado de 70 años que fue asaltado y torturado por cuatro personas en su domicilio de Quilmes, alega esas circunstancias. Como han demostrado las imágenes policiales, él mismo se convirtió en victimario de uno de sus agresores, mientras intentaba huir: hablamos de Franco Moreyra, 26 años, oriundo de Villa La Vera, en Quilmes[2].

 

El caso del jubilado tomó las pantallas durante los días subsiguientes. Imágenes, cifras, alegatos, opiniones de abogados en ejercicio, de otros ya retirados, colmaron la tv. Mauro Zeta, Pastor y Canaletti, parece que andan con horas extra. Los casos de “legítima defensa” se suceden, puntuales, y de nuevo nos ponemos a revolver los aspectos más bajos de nuestra especie. Hace algún tiempo fueron el carnicero Oyarzún o el médico Villar Cataldo. Incluso el difunto juez Claudio Bonadío, quien en 2001 ejecutó a dos asaltantes en plena peatonal Florida. ¿Te acordabas?

 

Como todo en esta vida, hay un mito fundante, y ese fue el caso del ingeniero Horacio Santos: corría el año 1990, cuando ajustició desde su automóvil a dos ladrones que le habían robado el estéreo -tan noventa que duele-, en Villa Devoto y a plena luz del día. Cuatro años después, Santos fue condenado a 12 por el “homicidio simple reiterado” de Osvaldo Aguirre (29) y Carlos González (31). Sin embargo, se le revocaría la sentencia, permitiéndole salir en libertad con “prisión en suspenso”. El ingeniero realizaba práctica regular en el Tiro Federal: su caso fue vox populi, tanto que hasta el entonces Presidente Carlos Menem se permitiría opinar, consultado por Bernardo Neustadt, durante ese veranito que tuvo con la sociedad argentina. Su testimonio, claro, no pasaría desapercibido: “Como abogado que ejerció la profesión, desde un punto de vista técnico no puedo estar de acuerdo con la actitud. Pero hay que estar dentro de la persona, muy probable que haya actuado bajo emoción violenta. A los delincuentes se les tendría que haber dado el derecho de defensa en juicio, pero no sé cómo hubiera obrado yo en situación similar”. Un cursus honorum del gran Groucho Marx[3], casi un anticipo de lo que vendría.

 

La cobertura periodística de la época rebasaba de lugares comunes que, incluso hoy, no han perdido vigencia: “Hombre de familia”, “persona de bien”, “estudios universitarios”, “nunca involucrado en hecho similar”, “cansado de los robos”. No minimizaremos aquí las complejidades del delito ni las cuestiones técnicas del Derecho, pero tampoco daremos validez a ciertos niveles de discusión que admiten hablar de la “Doctrina Zaffaroni”, como si se tratase de un cuerpo cerrado de ideas que combina permisividad, tenencia de drogas y falta de rigor en el castigo. Me pregunto, en cambio, qué diría Alberto Fernández al mando de su “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena”, materia que dicta en la Facultad de Derecho de la UBA. Pero, me pregunto también sobre el origen de esa reacción, que es el acto del choreo. Uno de los maestros de este menester, Luis Valor[4], supo decir: “Nunca me faltó comida en casa, mi viejo trabajó para eso, pero yo sentía que era una injusticia volver así de maltrecho. Yo no soy un ejemplo de nada ni nadie, pero sí puedo decir que no mataba, no violaba, no secuestraba ni afanaba pobres. Tuvimos para vivir en un cinco estrellas y sin embargo andábamos en un ‘fitito’ para no levantar la perdiz”. 

 

Es improbable que estos pibes de Quilmes hayan oído las enseñanzas de Valor, antes de salir de caño. Nuestras últimas décadas abundan más bien -y desgraciadamente- en el canibalismo propio de un “pobres contra pobres”, y no tanto en ese idilio robinhoodense. Sangre barata entre los inquilinos de la planta baja, acciones de poca monta que los propietarios de los pisos superiores siguen por la tv, holgados en su sillón. Ellos están pensando cómo van a evadir el impuesto a las grandes fortunas, en caso de que salga, y por las dudas guardan también un chumbo en el cajón de la mesita de luz. No vaya a ser cosa que a algún intrépido de la planta baja se le ocurra pisarle el felpudo.

[1] Data de 1750 AC y es conocida como Ley de Talión. Disponía el principio de “ojo por ojo, diente por diente” y se inscribió dentro de uno de los primeros compendios jurídicos de la humanidad: el Código de Hammurabi, redactado por el rey babilónico homónimo.

[2] Un dato, sin desviarnos demasiado del asunto: las estadísticas municipales de Quilmes dicen que, durante el período 2010/2011 -probablemente uno de los mejores momentos macroeconómicos de nuestro país- el 69,1% de la población de Villa La Vera tenía sus necesidades básicas insatisfechas: lo que se dice un problema estructural.

[3] Julius Henry Marx (1890-1977), conocido como Groucho Marx, un capocómico que suele ser citado junto a la frase “Estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”.

[4] Luis “El Gordo” Valor, es un famoso delincuente argentino, líder de la “superbanda” que asaltó casi 20 bancos y 25 camiones blindados. Tras purgar 33 años preso, hoy está en libertad.

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