Sangre azul

La asonada policial que arrancó en el corazón de la Bonaerense y se expandió como aceite por algunos rincones del país, incluyendo los hechos bochornosos de la Quinta de Olivos y de la residencia del gobernador de la PBA, tiene raíces profundas, como casi todo en este país y más en esta coyuntura.

 

Hay un debate que todavía no se dio en nuestro país, y que tiene que ver con la sindicalización de nuestras fuerzas de seguridad. Un debate que, de entrada, tiene algunos números: una Policía Bonaerense que está integrada, al día de hoy, por alrededor de 90 mil efectivos -y que, según el plan anunciado la semana pasada, próximamente alcanzará las seis cifras-; un salario de 60 mil pesos en blanco para comisarios y de 35 mil para oficiales; horas extras congeladas. Del otro lado de la General Paz, mientras tanto, la Policía de la Ciudad percibe ingresos entre un 50 y un 60% más elevados. Esta mañana, Axel Kicillof hizo oficial la determinación política que Alberto Fernández ya había adelantado anoche, en una conferencia de prensa apurada por las circunstancias: el policía recién salido de la escuela cobrará, en bolsillo, 44 mil pesos, más otros cinco mil destinados a la adquisición de su uniforme. El anuncio del gobernador es la puesta en marcha de un plan político que viene a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de la fuerza bonaerense, y cuya meta está puesta en la equiparación salarial respecto de sus colegas que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires.


No ahondaremos en estas líneas sobre la sindicalización de la policía, pero sí diremos que es una discusión que está estrechamente atada al hecho sustancial de considerarlos trabajadores. Mejor aún: que emprendan un camino para percibirse, ellos mismos, como parte de la clase trabajadora de su país. Es un tema que no abandonaremos, pero, mientras tanto, les dejamos esta vieja nota de Revista Crisis, interesante radiografía de los policías locales del conurbano:

Recordemos: 90 mil efectivos, al día de la fecha, solamente en la PBA. Comparemos: la Unión Obrera Metalúrgica, post-macrismo e inmersa en una pandemia, cuenta 170 mil afiliados/as.

 

Estos anuncios oficiales, orquestados conjuntamente desde Nación y Provincia -$40.000M para la implementación del plan integral, sumados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de $35.000M, proveniente de la quita de un punto de coparticipación a CABA- se asemejan a las respuestas políticas que debieron dar más de 20 gobiernos provinciales, hace siete años. Así es: 20 provincias argentinas estuvieron envueltas, ese 2013, en conflictos que incluyeron rebelión policial, abandono de tareas, toma de edificios públicos y -no caben ingenuidades- saqueos de comercios y supermercados por doquier. Excepto CABA, Santa Cruz, Santiago del Estero y Formosa, no se salvó ninguna. Las acciones de desobediencia observadas ayer, a diferencia de las mencionadas, tuvieron lugar en el territorio más denso del país.

 

Creemos recordar al difunto gobernador de la provincia de Córdoba, el gallego José Manuel de la Sota, solicitar colaboración a la Gendarmería Nacional. La respuesta, esa vez, fue la misma que recibió ayer el entorno de Kicillof: “Nosotros servimos a la patria, no a políticos de turno”. Ya en junio de aquel convulsionado 2013, Nilda Garré se había apartado de su cargo, al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Promediando la tercera semana de diciembre, y con un saldo de 20 muertos y cientos de heridos en todo el país, finalmente se logró sofocar el huracán policial.

 

Los comunicados que circularon entonces, mientras duró el levantamiento policial, eran un copy paste de los que vimos ayer. El viceministro de Justicia de aquel momento, Julián Álvarez, hablaba de “convocatorias para realizar saqueos en la Provincia de Buenos Aires” y de “desestabilización alimentada por sectores políticos”. Otra figurita repetida: un agente exonerado, de apellido Baratta, con vínculos con el massismo. Hoy nos topamos con denuncias a Aldo Pagano, Mariano Díaz y Sandro Amaya, en virtud de sus relaciones políticas con Patricia Bullrich y el plantel de Juntos por el Cambio.

 

Por ahora dejamos esto acá, pero retomamos una cita del colega Mario Wainfeld, publicada el 8 de diciembre de 2013 en su columna de Página/12: “Esta crítica no deja de subrayar la ausencia de mecanismos institucionales menos traumáticos y más republicanos para procesar ciertas demandas. La sindicalización de los uniformados, con un plexo de reglas precisas, podría ser una de las respuestas a explorar (…) las fuerzas de seguridad son parte de los problemas del Estado. Es inimaginable que no sean también parte de las soluciones que deben irse construyendo, y que lamentablemente no llegarán con la rapidez de las protestas”.

©2019 by Noticias de Ayer