Fortuna

“Castigar al que tiene un poco más que el promedio”; “mete miedo, da sensación de inseguridad fiscal”; “es un mal impuesto”; “guerra a los ricos”; “un país contra la propiedad privada”; “cazar en el zoológico”. En el Día de la Militancia, los que más tienen están en el centro del debate, por el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, cuyo escenario es el Congreso Nacional. Hasta ahora, ese es el nivel de la discusión que están proponiendo.

Una parte muy mayoritaria del sector, obviamente se opone a la medida. Es el famoso G6 que nuclea a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

 

Pero hay excepciones. Lo tenés, por ejemplo, a Martín Cabrales, el hombre del café, -sí, los magnates de acá son siempre tipos, mujeres no estarían llegando todavía-. que defendió el aporte por ser único y excepcional, aunque también expresó la necesidad de avanzar con una reforma integral tributaria. Surge una pregunta: ¿quién creerá Cabrales que pagará más, de concretarse esa reforma? Mejor dejémoslo ahí. Después los tenemos a Víctor Fera, de MaxiConsumo y Marolio, y un poco más allá aparece Guillermo Whpei, rosarino de 53 años auto-percibido como “empresario social” -cooperativista no, dios no lo permitiría-. Este hombre, que tiene un pie en las mutuales financieras, otro en bancos, otro en el sector inmobiliario y otro en los medios de comunicación -sí, un cuadrúpedo del bussiness-, propone que el aporte mute en impuesto permanente y con afectación para distintos fines.

 

¿Qué cosa esgrimen quienes, sin ser ricos, se manifiestan en contra de la medida? Bien, cuestionan el hecho de que no diferencia capital productivo -máquinas y herramientas- de activos financieros. Es un punto que puede atenderse, pero sin olvidarnos de una herramienta mucho más poderosa: el valor fiscal. ¿Cómo es eso? Vos tenés una casa en venta, tasada por el mercado en U$S250 mil, pero, su valor fiscal -el que el Estado reconoce-, puede ser de 200, 180 e incluso 150: el proyecto aclara que la alícuota -del 2 al 4%- se aplica sobre ese valor. Picarones, se estaban salteando esa partecita.

 

Y en este asunto tenemos tantos “contrastes argentos” como ángulos o lentes usemos para mirarlo. Los habrá siempre, por un lado, en la eterna crítica a nuestra burguesía decadente, que no se atreve nunca a poner el hombro, que no trae sus dólares para invertir productivamente, que se queda siempre en el molde, inmóvil y estéril, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de América Latina, e incluso a diferencia de personajes como el mismísimo Bill Gates y algunos otros magnates diseminados por Europa y los Estados Unidos, que vienen reclamando públicamente que sus Estados les cobren más impuestos, porque es lo que corresponde.

 

Pero, también hay un contraste en esa cifra mágica de los 10 mil: de un lado, diez lucas de personas físicas -ojalá un día sean jurídicas, y que esto sea permanente- “afectadas” por este gravamen único, el 0,02% de la población argentina cuyo patrimonio excede los 200 millones de pesos; del otro, las diez luquitas del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que permitía que un montón de familias pudieran seguir remándola y que, lamentablemente, no se pagará por cuarta vez. Podemos seguir jugando a la grieta por cualquier pelotudez que digan los medios o que se publiquen en las redes, pero sepamos que la desigualdad social que nos atraviesa es un cráter más ancho que el Río de la Plata.

 

Y hay otro contraste más, sí señor. Uno con el que la Argentina no sabe bien qué hacer. En un rincón, estos magnates que ya describimos al principio; en el otro, las pymes, uno de los tantos sectores que se verían beneficiados por los 300 mil millones de pesos que se esperan recaudar con el aporte extraordinario. Mientras un puñado de grandes empresas, laboratorios, plataformas internacionales de e-commerce, la juntaron en pala en pandemia, más de 60 mil pymes cerraron en nuestro país: sobre todo las micro, que tienen -tenían- hasta 10 empleados. Acá hay que buscar la explicación de que se hayan abultado las cifras de la desocupación, subocupación, etc. A estas empresas, les habla el presidente, cada vez que se expresa en relación a la famosa “reconstrucción post-pandemia”. Las pymes, las cooperativas y el Estado -como empleador en los proyectos de obra pública que asoman, pensando en 2021-, pueden ser el bisturí que cierre las heridas en la piel maltrecha de la Argentina.

 

Ahora bien, ¿qué hacer con los otros? Con los grossos, digo. Ya sabemos lo que pasa. Se les baja un par de puntos las retenciones y no liquidan la soja, se bajan las tasas de los bancos y no dan créditos, se les dan dólares -ingenuamente- para pagar deudas, y te los hacen puré. Son así, amigos. Es el capitalismo que tenemos. El asunto es qué hacer para resolverlo: si expropiarlos no es una opción, si llamarlos al diálogo y al acuerdo nacional, como hizo Cristina, es un sinsentido, entonces la única alternativa viable es regularlos, con todas las armas posibles. Si se renuncia a eso, no habrá tarjeta alimentaria ni bonito de fin de año que aguante.

 

Es un día de fiesta. El ajuste, hoy, aunque sea por esta vez, les toca a ellos.

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